El Decreto 32-2024, recientemente aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, modifica y actualiza la Ley de Competencia en el país, y su principal objetivo es mejorar la regulación y supervisión de las prácticas comerciales en el mercado para fortalecer la competencia económica, reducir los monopolios y promover un entorno más justo y eficiente para los consumidores y las empresas.

Aspectos clave del Decreto 32-2024 (Ley de Competencia)

Fortalecimiento de la Comisión de Competencia

La nueva ley crea una Comisión de Competencia más robusta y autónoma, con mayores facultades para investigar, sancionar y prevenir prácticas anticompetitivas.

La comisión podrá actuar de oficio, es decir, iniciar investigaciones sin necesidad de una denuncia previa si considera que hay indicios de prácticas monopolísticas o colusorias.

Ampliación de las Prácticas Anticompetitivas

El decreto amplía la lista de prácticas anticompetitivas, que incluyen:

• Colusión: Acuerdos entre competidores para fijar precios, reducir la producción o compartir mercados.
• Abuso de posición dominante: Cuando una empresa con poder de mercado impone condiciones injustas a los consumidores o a otros competidores.
• Comportamientos restrictivos en fusiones y adquisiciones que limiten la competencia.

La ley también incluye nuevas regulaciones sobre prácticas desleales y sobre la competencia en mercados digitales, especialmente en plataformas en línea.

Revisión de Fusiones y Adquisiciones

Se implementa un régimen más estricto de control de fusiones y adquisiciones, para evitar que las concentraciones empresariales resulten en la eliminación de la competencia en el mercado.
Las fusiones o adquisiciones que impliquen a empresas con poder significativo en el mercado deben ser aprobadas por la Comisión de Competencia antes de su ejecución, y se someterán a un análisis riguroso.

Sanciones y Multas

El decreto aumenta las sanciones y multas para las empresas que infrinjan la ley. Las multas pueden ser de hasta un 10% de los ingresos anuales de la empresa infractora.

También se contempla la posibilidad de imponer sanciones adicionales, como la disolución de acuerdos ilegales o la venta forzosa de activos.

Protección de los Consumidores

El Decreto 32-2024 pone un énfasis significativo en la protección de los consumidores, buscando asegurar que los precios sean justos, los productos sean de calidad y que las empresas no se aprovechen de los consumidores mediante prácticas comerciales abusivas.

Acción en el Mercado Digital

Dado el crecimiento del comercio electrónico y las plataformas en línea, la ley incluye disposiciones específicas para abordar las prácticas anticompetitivas en el entorno digital. Esto cubre desde las plataformas de servicios digitales hasta el comercio electrónico y las redes sociales, con el fin de evitar el abuso de plataformas dominantes.

Defensa de la Competencia

La ley garantiza que las empresas investigadas tengan derecho a presentar su defensa y acceder a un proceso justo y transparente, con mecanismos para la apelación de las decisiones que consideren injustas.

Colaboración Internacional

En el contexto de la globalización, el decreto también establece mecanismos de colaboración internacional con otras autoridades de competencia a nivel regional e internacional, para abordar prácticas anticompetitivas que afecten mercados globales.

Impacto Esperado del Decreto 32-2024

• Mejor Competencia: El decreto tiene como objetivo promover un mercado más competitivo en el que las empresas compitan lealmente, lo que beneficiará a los consumidores con precios más bajos y mayor calidad de productos y servicios.
• Prevención de Monopolios: Con el refuerzo de las normas sobre concentraciones empresariales y el abuso de poder, se busca evitar la creación de monopolios que puedan dominar el mercado y afectar la libre competencia.
• Protección del Entorno Digital: Al abordar los problemas específicos del mercado digital, el decreto contribuirá a crear un espacio de competencia más saludable en plataformas de comercio electrónico y redes sociales.
• Mayor Transparencia: La ley ofrece un marco más transparente y justo para la resolución de disputas, y fortalece la confianza del público y las empresas en el sistema de competencia del país.

En resumen, el Decreto 32-2024 representa un avance significativo en la política de competencia de Guatemala, al actualizar la ley para hacer frente a los desafíos contemporáneos de los mercados y garantizar que las empresas operen bajo principios de libre competencia, protegiendo los intereses de los consumidores y promoviendo un entorno económico más dinámico y justo.

En el contexto de la Ley de Competencia de Guatemala, especialmente con la reforma impulsada por el Decreto 32-2024, es importante entender tanto los beneficios como los desafíos que esta legislación puede traer, así como las ventajas y desventajas que puede generar para los actores del mercado, los consumidores y las autoridades encargadas de su implementación.